El rechazo eclesiástico a la reforma educativa
sólo persigue mantener a ultranza privilegios de clase.
Una característica de la educación primaria y
secundaria en España es su polarización por clase social. En
general, el 30% de la población, de renta superior (burguesía,
pequeña burguesía y clase media profesional de renta alta), envía a
sus hijos a las escuelas privadas, mientras que el 70% restante (clase
trabajadora y clase media de renta media y baja) los matricula en la
escuela pública.
Ni que decir tiene que existe permeabilidad entre
los dos tipos de centros escolares, de manera que hay niños de las
clases pudientes que van a la pública e hijos de las clases populares
que van a la privada. Pero, en general, hay una separación clara
entre la escuela privada y la escuela pública en España, según la
clase social de los niños a los que sirven. La escuela española es,
pues, altamente clasista.
En realidad, según el último Informe Pisa sobre
los sistemas educativos de los países de la OCDE (el grupo de mayor
desarrollo en el mundo), España es uno de los países en los que la
clase social de las familias tiene mayor importancia a la hora de
configurar las oportunidades educativas de sus hijos. Es más, el
mismo estudio señala que esta acentuación de la división social es
una de las causas más importantes del escaso desarrollo educativo
español.
Esta polarización social de la escuela se
reproduce como resultado del enorme poder político y mediático del
30% de renta superior del país y de los poderes fácticos afines a
este sector de la población, entre los cuales la Iglesia católica
juega un papel clave: posee el 70% de los centros de enseñanza
privada en España.
Esta identificación de clases pudientes e Iglesia
ha sido una constante en la historia de España, lo cual explica la
hostilidad que grandes sectores de las clases populares han tenido
históricamente hacia la Iglesia católica. Sólo cabe recordar que
los condenables incendios de iglesias y conventos, que tuvieron lugar
los días después del golpe militar en 1936, fueron consecuencia del
conocido apoyo que le prestó la Iglesia española, que interrumpió
un Gobierno popular, democráticamente elegido, que había introducido
el derecho a la educación y convertido la escuela pública en el
centro de la enseñanza (hasta entonces controlada en su buena
mayoría por la Iglesia).
LA POLARIZACIÓN social de la educación reproduce
así la estructura de clases del país. La mayoría de los grandes
empresarios, banqueros, directores y gerentes de las cajas de ahorros,
legisladores, altos funcionarios de la Administración, miembros de
las Academias Reales, periodistas y creadores de opinión, entre otros
(lo que en terminología anglosajona se llama el establishment) son
productos de las escuelas privadas (y envían sus hijos a las escuelas
privadas), mientras que la gran mayoría de sindicalistas,
trabajadores y miembros de las clases populares han sido educados en
las públicas. La escuela consolida de este modo una de las
estructuras sociales más rígidas y con menos movilidad social
existentes hoy en la Unión Europea de los Quince.
Los recursos por alumno son un 32% mayores en las
escuelas privadas de la Iglesia que en las públicas, y ello, en gran
parte, debido a las subvenciones que las primeras reciben del Estado
(2.700 millones de euros al año). Estas ayudas son justificadas por
parte del Estado y por parte de la Iglesia, por, entre otras razones,
la necesidad de garantizar con fondos públicos el derecho de los
padres que deseen dar formación religiosa católica a sus hijos. Es
éste un derecho escrito en la Constitución española como
consecuencia de la enorme influencia que las fuerzas conservadoras
tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia
(un derecho inexistente en gran parte de las constituciones de los
países democráticos vigentes en el mundo), y que el Gobierno
socialista respeta continuando tal financiación.
El punto al que la Iglesia y las clases pudientes
(y los instrumentos políticos de las derechas, desde el Partido
Popular en España a los nacionalistas conservadores en Catalunya) se
oponen con gran agresividad es a que se tomen medidas para que se
diluya la acentuación de la división social de la educación
española (que se basa en la selección por parte de las escuelas
privadas del alumnado por clase social), impidiendo que tales escuelas
privadas continúen escogiendo a sus alumnos --excluyendo a niños de
las clases populares, incluidos los inmigrantes (que necesitan mayores
recursos para su integración)--, tal como está ocurriendo hoy.
ÉSTA ES LA cuestión clave de la conflictividad
presente. Es una lucha de clases encubierta en la que la Iglesia, una
vez más, defiende a ultranza sus privilegios. La mal llamada escuela
privada (la auténticamente privada es únicamente un 5% de toda la
escuela en España) está financiada públicamente y antepone los
intereses particulares sobre los generales, no actuando como un
componente del sistema público educativo.
Por otra parte, el bajo gasto público en educación es también
consecuencia del poder de las clases pudientes (que envían sus hijos
a la escuela privada y que se oponen a pagar más impuestos para
aumentar el dinero público invertido en educación), y que creen
erróneamente que no les afecta la escasez de recursos de la
enseñanza pública. En realidad, la calidad de la escuela privada
concertada depende de la calidad que posea la pública, tal como
señala el Informe Pisa. La reforma educativa de los gobiernos
progresistas tiene que, además de incrementar sustancialmente el
gasto público en educación, eliminar esa polarización social que
está reproduciendo una estructura totalmente clasista que afecta
negativamente la calidad del sistema educativo.
VICENÇ Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
