PANORAMA-ACTUAL
- 18/10/2006
"Ni la
administración de Aznar en la pasada legislatura ni
la de Zapatero en la actual han resuelto su
casuística rocambolesca", señaló Calatayud. Esta
asociación fue la única que, tras el derrumbe de la
presa, el 20 de octubre de 1982, inició la vía
contencioso-administrativa para reclamar las
pérdidas que habían sufrido.
Una vez
agotada la vía contencioso-administrativa, los 400
miembros de la organización recurrieron al Tribunal
Supremo. Sin embargo, "diversos errores de
transcripción" en los listados remitidos al alto
Tribunal por el entonces Ministerio de Obras
Públicas privaron a 44 afectados de percibir las
compensaciones económicas resueltas por la justicia,
según Calatayud.
La falta de
indemnizaciones responde a unos errores en los
nombres y números de carnés de identidad "imputables
al cien por cien al propio ministerio", especificó
el presidente de la asociación. Calatayud explicó
que su peregrinaje por las distintas
administraciones y gobiernos en busca de una
solución se prolonga ya cerca de 10 años.
En marzo de
2004, con el gobierno del PP, el Ministerio de Medio
Ambiente "nos denegó nuestra petición tres días
antes de las elecciones basándose en que había
prescrito", recordó Calatayud, quien agregó que el
recurso presentado a principio de la actual
legislatura "no ha sido contestado todavía por el
nuevo gobierno".
Ahora los
44 damnificados, acogiéndose al "derecho de
petición" que recoge un articulado de la
Constitución, van a solicitar reunirse con el
presidente del ejecutivo José Luis Rodríguez
Zapatero.
Carcaixent,
Antella y Sumacárcer, aprobaron recientemente una
moción conjunta en sus respectivas sesiones
plenarias para reclamar un total de 1.500 millones
de pesetas, que suman los daños que les causaron las
inundaciones de 1982. El próximo viernes presentarán
las mociones en el registro de la Delegación de
Gobierno coincidiendo con el 24 aniversario de la
catástrofe.
Caso
"zanjado"
Por otra
parte, el dirigente de las asociaciones de
damnificados radicadas en Alzira, Afiva y Apemeda,
Sergio Marín, consideró este miércoles "zanjado" el
caso Tous. Marín dijo que considera cerrado el tema
tras rechazar esta semana el Tribunal Supremo el
recurso de amparo presentado por estas
organizaciones, que reclamaban nuevas
indemnizaciones para sus asociados por las
"dilaciones indebidas" que cometió la administración
central.
Sergio
Marín pidió al Gobierno y a los bancos que
concedieron los préstamos a los damnificados que
"nos dejen tranquilos y que se olviden del tema
Tous, ya que la mayoría ó han fallecido o están ya
jubilados".
El
Ejecutivo aprobó el pasado mes de julio en el que
condonaba los intereses tanto de los afectados por
las inundaciones de 1982 como por los damnificados
de la riada de 1987, que a su juicio "están creando
confusión y temor" entre los asociados.
RIADA DE TOUS
